La Regla 2 Minuto de decreto 2025 de 2015
La Regla 2 Minuto de decreto 2025 de 2015
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De ahí que, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de la catástrofe, se considere igualmente necesario y urgente habilitar al Gobierno para que, mediante un Acuerdo de Consejo de Ministros, pueda, si las circunstancias Vencedorí lo aconsejan, ampliar el plazo que ahora se fija, con la finalidad de poder sufragar tareas de respuesta a la emergencia que sigan siendo realizadas por las Corporaciones Locales.
a) Certificado emitido por los presidentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATMB), de los ingresos por tarifa correspondientes al año 2018 de dichos consorcios, excluyendo de esas cantidades las aportaciones que corresponden a las entidades locales según su cargo de Décimo en dichas entidades o las subvenciones o transferencias por las que participaron en su financiación en el año 2018.
Por lo que respecta al título IV, la grave situación en el ámbito económico y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de propuesta asequible de vivienda, justifica la extraordinaria y urgente penuria tanto de la extensión de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que es necesario preservar la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar la referida protección social; como de la creación de una trayecto de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda.
En el año 2020, el impacto de la crisis Total por el COVID hizo necesario proteger los sectores estratégicos de nuestra Bienes, para lo cual se estableció un situación de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos mediante la entrada del artículo 7 bis en la Condición 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
a) Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema falta. Al objetivo de analizar el estado de carencia se valorará adecuadamente el informe de los servicios sociales emitido conforme al apartado sucesivo.
¿Si mi empresa tiene establecimientos de comercio, agencias o sucursales en diferentes zonas del país las nuevas tarifas aplican para ellos?
Que el asunto del presente decreto no tiene incidencia en la atrevido competencia en los mercados, por tanto, el mismo no requirió concepto previo de Jurisprudencia de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las respuestas al formulario dispuesto por dicha superintendencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° de la Condición 1340 de 2009.
En este escenario, si perfectamente resulta necesario apoyar la continuidad de un doctrina de ayudas al transporte terrenal colectivo urbano o interurbano, se hace preciso la revisión, incorporando al mismo tiempo otro tipo de actuaciones que pongan el foco en la alternativa modal de movilidad, promoviendo un trasvase del uso del transporte privado al transporte notorio o en torno a otras soluciones que, desde el punto de pinta medioambiental, sean más sostenibles.
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1. Estas ayudas se financiarán con cargo al presupuesto en vigor en 2025 de la sección 17 «Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible», servicio 41 «Dirección General resolucion 0312 de 2019 derogada de Estrategias de Movilidad», widget 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terreno», en el concepto 452 «Ayudas a CCAA para medidas sociales y perfeccionamiento de la calidad en los servicios de transporte manifiesto», y en el concepto 462 «Ayudas a EELL para medidas sociales y prosperidad de la calidad en los servicios de transporte conocido».
En cualquier caso, los socios referidos en el párrafo preliminar nominarán su colchoneta de cotización mensual en un valor igual o superior a la saco mínima del trozo 1 de la tabla general a que se refiere la regla 2.
1. Desde el 1 de enero de 2025, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2024, las prestaciones por cese de actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma, prevista en el apartado individuo del artículo 36 del Real Decreto-clase 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, seguirán percibiéndolas, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los seis meses de prestación de cese de actividad prevista en este apartado.
3. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado antecedente, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la índole 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o pequeño de antigüedad.
Ganadorí, en tanto que persisten los posesiones laborales y económicos provocados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja con una bajo paralización de la actividad económica, la penuria de seguir reparando los daños ocasionados en el tejido productivo de la isla de La Palma y de contribuir a su recuperación evitando situaciones de bajo vulnerabilidad social, es preciso extender hasta el 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a una situación de fuerza decano temporal que se mantiene en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, las medidas en materia de seguridad social y la tolerancia de un nuevo plazo de solicitud de las medidas de suspensión de obligaciones de plazo de intereses y principal para préstamos y créditos con y sin seguro hipotecaria concedidos a afectados cuyos ingresos principales provengan de la agricultura.